Promover el acceso a la tutela judicial efectiva, así como, de manera preferente, a foros alternos de solución de controversias, tales como el arbitraje y la mediación, con el fin de que la persona obtenga una representación profesional con pleno respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución, en los Tratados Internacionales y en las leyes y reglamentos vigentes, a pesar de que dichas personas no cuenten con suficientes recursos económicos para, de otra manera,  obtener una defensa, representación y asesoría legal de calidad, o bien, que, independientemente de su situación económica, se encuentren en un estado de vulnerabilidad (por ejemplo víctimas de violencia de género, menores de edad, personas con discapacidad, migrantes, y/o víctimas de terrorismo), mediante la designación por parte del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de un Abogado Pro Bono que preste servicios de asesoramiento, representación y defensa legal, sin costo, por el bien público (pro bono). El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados (“INCAM”), a través del BJS será el encargado de designar al Abogado Pro Bono del asunto correspondiente y, una vez designado, el Abogado Pro Bono tendrá las mismas obligaciones y responsabilidades que un Abogado particular.

El ejercicio obligatorio de la Justicia Gratuita, basada en el principio de la tutela efectiva y en el principio de igualdad y acceso a la justicia  logrando un verdadero impacto social, mediante  acciones concretas y medibles de “defensoría y asistencia jurídica gratuita” de las personas que no cuenten con suficientes recursos económicos para su defensa, representación y asesoría legal, o bien, aquellas personas que, independientemente de su situación económica, se encuentren en un estado de vulnerabilidad.

Responsabilidad: Cada Abogado Pro Bono defenderá y asesorará legalmente de principio a fin  el asunto designado y lo hará con total responsabilidad y sentido del deber como si lo hiciera contra el pago de una contraprestación. Será medido por su desempeño y efectividad.

Legalidad: Cada Abogado Pro Bono actuará en estricto apego a leyes y reglamentos vigentes en México o en el extranjero, cuando se trate, en este último caso, de normatividad que también sean aplicables.

Probidad y honradez:  Cada Abogado Pro Bono actuará con probidad y honradez, bajo los máximos estándares éticos y conforme al Código de Ética del INCAM.

Solidaridad y Responsabilidad Social Los Abogados Pro Bono actuarán solidariamente, defendiendo y/o representando y/o asesorando gratuitamente a aquellas personas que no cuenten con recursos para obtener defensa, representación y/o asesoría legal de calidad o que, independientemente de su situación económica, se encuentren en un estado de vulnerabilidad (por ejemplo víctimas de violencia de género, migrantes, menores de edad, personas con discapacidad y/o víctimas de terrorismo). Se inculca en nuevas generaciones el valor de solidaridad al involucrar como parte de su servicio social a pasantes de derecho de distintas universidades en cada asunto.

Neutralidad: Los asuntos turnados a los Abogados Pro Bono no responderán a intereses particulares, con fines políticos o partidistas.

Justicia:  Los Abogados Pro Bono promoverán el acceso a la tutela judicial efectiva, obteniendo así justicia y el respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución, leyes, reglamentos y tratados internacionales.