“México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sergio García Ramírez”.

Por: Raúl Cervantes Andrade

 

Hace unas semanas participé realizando comentarios sobre la conferencia magistral “México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, que impartió el doctor Sergio García Ramírez a alumnos de la carrera de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estar en ese lugar de Naucalpan es una experiencia que inspira y alienta, pues se trata de una institución estratégica que, en apenas cuarenta años, se ha convertido en un referente nacional de excelencia en la formación profesional. La distinción de la que fui objeto cuando me solicitaron exponer una breve reflexión jurídica en el Teatro Javier Barros Sierra, se duplicó al invitarme a realizarla al lado del gran jurista de quien se trataba y, derivado de ello, a impartir, posteriormente, una conferencia sobre el nuevo régimen jurídico de los derechos humanos en México.

Abordar el tema de la “navegación americana” de los derechos humanos –expresión empleada frecuentemente por García Ramírez para referirse al proceso de evolución del reconocimiento de los derechos humanos y la creación de sus instrumentos de garantía en el ámbito interamericano– en relación con su acogida por el derecho mexicano, conlleva emplear, en diversas ocasiones, aspectos de la doctrina y la jurisprudencia escritos, precisamente, por Don Sergio García Ramírez. Como constitucionalista, como apasionado del derecho y como mexicano, reconozco en él a una autoridad indiscutible que no sólo ha estudiado el derecho, sino que ha producido teoría jurídica, ha participado en la confección de leyes y, especialmente, ha influido en la construcción y el perfeccionamiento del sistema interamericano y del sistema nacional de derechos humanos. Es por ello que decidí elaborar este texto, con la finalidad de abonar a la vigencia de su pensamiento, el cual constituye un faro que alumbra el camino de quienes, de alguna u otra forma, nos hemos comprometido a enriquecer el debate y las propuestas en torno a la efectividad de las libertades fundamentales.

 

Quien fuera juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha delineado por años, impulsado y explicado el papel de los sistemas nacionales de protección de derechos humanos, frente a la actuación, cada vez de mayor trascendencia, de ese órgano judicial supranacional. Posee la auctoritas por sus vastos conocimientos sobre el origen, las crisis, la evolución y los temas pendientes de México y los países de la zona, en relación con los derechos fundamentales; porque los ha compartido, pero también, y especialmente, por sus inagotables esfuerzos en la construcción  del andamiaje institucional derivado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha sido imprescindible para el cumplimiento de los mandatos de la Declaración Universal de Derechos de Derechos Humanos y los correspondientes Pactos.

En su reflexión académica, García Ramírez, pluma en mano, suele colocar el acento en la descripción y explicación de los lugares y las circunstancias, lejos de sólo enjuiciar mediante un veredicto tajantemente positivo o negativo. Para él, no todo es blanco o negro, más bien las escalas de grises constituyen el tamiz más frecuente tratándose de derechos humanos, ámbito en el que, al igual que en el resto del Derecho, nos enfrentamos con nociones siempre inacabadas y no con conceptos que invariablemente se correspondan en forma y fondo. Al teorizar no podemos perder de vista que lo hacemos desde el terreno de las realidades hermenéuticas, los constructos y lo que ello trae consigo. Claro está, en este caso, lo hacemos sobre la base común del consenso con respecto al reconocimiento universal de la persona, su dignidad humana y su valor como tal.

 

En sus textos, el jurista en alusión ha señalado como uno de los retos históricos más relevantes para la edificación y el éxito del régimen internacional de los derechos humanos, a la diversidad de rasgos y el multiculturalismo entre las personas de los Estados y las regiones que éstos conforman, concretamente, entre los latino, ibero o hispanoamericanos. En uno de esos textos da cuenta de cómo “esta región presenta una gran heterogeneidad, reflejada en la expresión ‘las Américas’”; en este sentido, precisa que “el conjunto de Estados y pueblos que residen en el continente americano y su vecindad insular, se integra con subconjuntos profundamente diferentes entre sí, y cada uno de éstos posee un perfil propio en lo que respecta a la regulación y protección de los derechos humanos”.

Este fenómeno, como sabemos, no es exclusivo del ámbito metanacional. Cuando alguien alude o intenta reflexionar acerca de México, es inevitable que yo inquiera para plantear: “¿Cuál México?”. En nuestro país convergen distintas visiones, pero también distintas historias y realidades, que en ocasiones llegan a ser radicalmente opuestas, sobre lo que somos: ¿El México del norte? ¿El México del sur? ¿El México del noreste? ¿El del suroeste? “¿Cuál México?” ¿El del Bajío? ¿El México de la Laguna? ¿O el México de la Riviera Maya? Así es esta Nación, la nuestra. Así como “las Américas”, a las que se refiere García Ramírez, presentan una gran heterogeneidad, “los ‘Méxicos’” también. Esa ha sido y es una de las condicionantes de mayor importancia para identificar con precisión y reconocer las prácticas sociales, los valores y los principios, en ocasiones difíciles de armonizar, que deben orientar el debate parlamentario, así como la redacción, interpretación y aplicación de las normas, por parte de todas las autoridades, y la plena efectividad de los derechos humanos. Tradiciones, cultura, religión, experiencias particulares, necesidades específicas, anhelos en ocasiones discrepantes, tienen una función protagónica en el nuevo paradigma del derecho. Todo ello comprendido con base en construcciones artificiales históricas, alcanzadas a partir de acuerdos que, por una parte, no reflejan necesariamente las creencias de todas las personas y, por la otra, no constituyen jamás una verdad absoluta e inmutable. La labor es mucho más compleja de lo que su apariencia pudiera hacer suponer. Esas “fronteras en el interior de las Américas” se replican como “fronteras en el interior de los ‘Méxicos’”. Enfrentamos el reto de continuar empleando, cada vez de forma más equilibrada, el multiculturalismo y la diversidad para el perfeccionamiento de la democracia.

 

No se explica el estado actual del constitucionalismo mexicano y el surgimiento propiamente de un sistema nacional de protección de derechos humanos, sin el papel de la Corte Interamericana. En palabras de quien, desde hace muchos años, también se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, este tribunal regional es una “instancia de generación de un renovado derecho interamericano de los derechos humanos, que establece, mediante el conocimiento de grandes temas, litigios de especial trascendencia, los criterios que acogerán los órganos nacionales en un amplio proceso de recepción del Derecho interamericano”. Como se precisa en esta noción, nuestro país ha recogido tales criterios y los ha incorporado en su base normativa.

 

Durante sus más de treinta años de existencia, la Corte Interamericana ha tenido que enfrentar –y ha sabido hacerlo–, obstáculos que la han fortalecido y han forjado su vocación. A la distancia, podemos señalar como algunos de esos obstáculos los siguientes: las ideas tradicionales sobre la soberanía y la jurisdicción doméstica; la aceptación formal y material de su competencia; la insuficiencia de recursos para su operación (aunque cabe mencionar que este aspecto no se ha resuelto de la forma deseable, por lo que es doblemente encomiable la labor de sus jueces y de las personas que ahí laboran), y la necesidad de formar un ius commune americano en materia de derechos humanos, lo que se ha venido logrando gracias a su jurisprudencia.

 

García Ramírez ha reconocido que para lograr la consolidación institucional de la Corte ha sido crucial el activismo y la participación profesional de la sociedad civil organizada y de algunos actores emergentes. Como lo señala él mismo, “la sociedad civil ha jugado un papel de primer orden. Sin la presencia de las organizaciones de este ‘tercer sector’, el Sistema Interamericano no habría alcanzado el desarrollo que ahora tiene, y los sistemas nacionales carecerían de un instrumento particularmente riguroso y eficaz para la reclamación de derechos y libertades”.

 

Cuando habla de derechos humanos, este profesor universitario habla de “democracia”, sobre la cual refiere que se trata de “un derecho de los pueblos americanos implícito o explícito en las Constituciones nacionales y sólo recientemente reconocido en un instrumento de alcance regional”. Lo cita en relación con la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 11 de septiembre de 2001. Esto al tiempo que nos recuerda “que las constituciones latinoamericanas se inscribieron en el catálogo de las denominadas ‘nominales’ o ‘semánticas’, más discursivas que normativas”. Lo que obedece a razones de historicidad  y, a la vez, ha significado, en ocasiones, un anclaje en el terreno de la retórica en lugar de una evolución hacia la realización de sus postulados.

 

De acuerdo con García Ramírez, existen vías de entendimiento que conforman verdaderos “puentes” entre los ordenamientos internacional y nacionales, que han logrado sembrar armonía en donde hubo dispersión y enfrentamiento. Por medio de ellos, tiene lugar la recepción nacional del orden internacional, en cuanto al Derecho internacional de los derechos humanos. Se trata, así lo advierte, de los hilos de enlace que unen “los hemisferios normativos nacional e internacional, que tienen distinta naturaleza y que operan en varios ámbitos: político, normativo y práctico”. Esos puentes, que se construyen en virtud de la vocación de la Corte y de decisiones nacionales, de acuerdo con él, son, principalmente, los siguientes: antes que todo, el puente constitucional, a partir del cual, puntualiza, se difunden las consecuencias hacia toda la estructura normativa, pues las constitucionales son las disposiciones que, en este sentido, afirman el nivel que se debe reconocer a las normas convencionales; la segunda vía de enlace que reconoce es la legislativa ordinaria, es decir, las leyes de implementación o, como yo las denomino, de desarrollo, en este caso, tratándose de derechos humanos; tenemos también las políticas públicas, con sentido o perspectiva de derechos humanos, receptoras de los mismos y de sus variadas implicaciones en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural, que permitan hacer realidad los contenidos programáticos, y la formación y consolidación de la cultura de respeto de los derechos humanos, un tema en el que personalmente he insistido mucho cada vez que tengo oportunidad, pues albergo la convicción de que constituye la principal vía para que la causa de los derechos humanos deje de serlo y su respeto se convierta en una cuestión cotidiana.

 

Explicar el origen de nuestro actual sistema nacional de protección de derechos humanos conlleva remitirnos a la Corte Interamericana. La reforma constitucional en esta materia del año 2011 y las subsecuentes, con las cuales emerge y se está afirmando formalmente lo que se ha identificado como el nuevo paradigma del Derecho en México, han sido producto de la evolución de nuestro sistema jurídico, impulsada en parte por opiniones, recomendaciones y sentencias de expertos, de organismos internacionales dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos, particularmente, por resoluciones de la Corte Interamericana –las más emblemáticas, las de los casos Radilla Pacheco y Campo Algodonero–. Claro está, la esencia y la visión progresista de los miembros de nuestro tribunal constitucional han sido determinantes para el eco y la trascendencia del Derecho internacional de los derechos humanos en el derecho doméstico. Acueducto Independencia Yaquis, Fuero Militar y Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo, representan sentencias relevantes en materia de derechos humanos correspondientes a casos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido, interpretaciones y resolutivos, que hoy constituyen un referente para todas las autoridades y los particulares, son producto de su evolución en paralelo a la del Tribunal de las Américas. Las resoluciones de casos en México, como la relativa a discriminación laboral por edad (sentencia 992/2014), en donde tiene lugar la protección material de derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, han sido inspiradas u orientadas, de alguna manera, por interpretaciones y argumentos de los jueces interamericanos.

 

En este contexto y con la finalidad de valorar en su justa medida los avances y pendientes del Estado mexicano (cuando hablo de Estado me refiero también a la población) es menester no perder de vista que, contrario a lo que en ocasiones se ha sostenido, nuestro constitucionalismo y nuestro sistema nacional de protección de derechos humanos son únicos y distintos a los demás, con características propias.

 

Si bien es cierto, el derecho constitucional norteamericano tuvo una influencia muy importante en el nuestro, también lo es que durante la primera mitad del siglo XX, en México, diseñamos en gran medida y legamos al mundo el denominado “constitucionalismo social”, con esa amplia gama de derechos económicos, sociales y culturales que, incluso, posteriormente impulsaríamos los latinos, para su reconocimiento expreso en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la persona del chileno Hernán Santa Cruz, también lo es que, a finales del siglo pasado y principios de este siglo XXI, al igual que lo han hecho otros países latinoamericanos, en el nuestro, hemos alcanzado una evolución muy relevante y “muy americana” –más precisamente “latinoamericana”–, con visiones propias, liberales y progresistas, cuyo origen, motor y destino son los derechos humanos y su efectividad. Por supuesto que este grado de avance no se comprendería sin tomar en cuenta los efectos negativos de algunas realidades históricas, como las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado, así como los elevados y perpetuados niveles de pobreza, desigualdad y violación de derechos humanos en prácticamente todo el continente. La dirección de los esfuerzos que han hecho posible esa evolución la ha asumido determinantemente la Corte Interamericana. Su jurisprudencia y el contenido de la misma han influido, transformado y desbordado nuestras bases normativas, concretamente la de México.

 

Por esas razones, para continuar vigorizando el sistema jurídico mexicano, debemos seguir impulsando la eficacia del Sistema Interamericano. Para lograrlo es fundamental identificar áreas de necesidad y satisfacerlas. De acuerdo con el doctor Sergio García Ramírez, algunas de esas tareas son las siguientes:

 

  • El fortalecimiento del impacto de las resoluciones emitidas por los órganos del Sistema, a través de las distintas vertientes, que comprenden las resoluciones y las recomendaciones;
  • El cumplimiento de las medidas de reparación elaboradas por la Comisión y la Corte;
  • La “nacionalización” del tribunal interamericano en cada uno de los países sobre los que ejerce jurisdicción contenciosa;
  • El ejercicio armónico y efectivo del control difuso de la convencionalidad;
  • El déficit, que aún hoy existe, en cuanto a la recepción legal (no constitucional) de aquellos derechos y de las decisiones de los órganos internacionales de protección, me refiero a las leyes de implementación, y
  • Algo muy importante, sobre lo que ha insistido el académico que nos ocupa: estar conscientes de que validez de las resoluciones de la Corte “depende del clima político de las Américas y de la actitud de los gobiernos americanos hacia los derechos humanos en general”.

 

Así también, los sistemas nacionales que han admitido la jurisdicción de la Corte deben continuar realizando, progresivamente, acciones concretas con el objetivo principal de dar plena efectividad a los derechos humanos. Entre esas acciones, también en concierto con lo señalado por quien fuera consejero del Instituto Federal Electoral, podemos citar las siguientes:

 

  • Evolución del pensamiento judicial y, en efecto, de interpretaciones restrictivas, a fin de alcanzar un comportamiento judicial generalizado y arraigado, ampliamente comprometido con los derechos fundamentales;
  • Atracción y resolución de casos paradigmáticos para asentar criterios trascedentes de interpretación, por parte de los tribunales constitucionales de los Estados;
  • Impulso de una actitud de mayor activismo judicial en pro de los derechos humanos;
  • Promoción del control difuso de convencionalidad, y
  • Especialización y formación de abogados con una vocación y visión firmes de protección y respeto de las libertades humanas.

 

Finalmente, es menester de quienes nos dedicamos al estudio del Derecho abordar los elementos del nuevo régimen jurídico de los derechos humanos en el caso de nuestro país, a fin de impulsar su actualización en el marco de las nuevas expectativas jurídicas, en medio de la complejidad del contexto actual. ¿Cuáles son esos elementos y, entre más, qué conllevan?

 

1) La existencia de una Constitución, que implica la necesidad de un constitucionalismo de principios;

2) Después del reconocimiento de los derechos humanos, su plena efectividad;

3) Ante el principio de división de poderes, el perfeccionamiento de mecanismos de colaboración;

4) En virtud del surgimiento de los órganos constitucionales autónomos, su funcionalidad;

5) En relación con el sistema de controles de la constitucionalidad y convencionalidad, su eficacia, pertinencia y accesibilidad;

6) En cuanto al sistema representativo, su perfeccionamiento a la luz de las nuevas expresiones de participación ciudadana;

7) En lo relativo al sistema federal, el diseño de mejores mecanismos de coordinación y cooperación entre los órdenes de gobierno;

8) Sobre el sistema de partidos políticos, una mayor democratización, apertura y competitividad;

9) Con respecto al Derecho en general, sus fuentes e interpretación, la profesionalización y actualización constantes de todos los operadores jurídicos, poniendo acento en los nuevos métodos de interpretación y de ponderación, así como en la deontología jurídica, y

10) En relación con la cultura de respeto a los derechos humanos, su promoción desde los procesos básicos de enseñanza-aprendizaje, basándola siempre en la razón, con el objetivo vigorizar la consciencia.

 

Serían necesarias muchísimas páginas para profundizar en toda la obra, la labor y las aportaciones invaluables de Don Sergio García Ramírez. Sin duda, él personifica la conquista académica e institucional por parte de los derechos humanos, su evolución y los resultados que ello ha dado. Este texto es una pequeña muestra y pretende ser también un modesto reconocimiento. Concluyo insistiendo en la necesidad de que hagamos evolucionar y expandir aún más la vocación y consciencia sobre el respeto de los derechos humanos, hasta el punto en el que su efectividad sea plena, sin discriminación ni condicionante de ningún tipo y acorde siempre con la dignidad humana, en suma, que sea democrática sobre la base de un Estado Constitucional de Derecho.

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