“Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (Principios “Ruggie”).

Por: Nora Robledo Frías

 

En los últimos años, el apogeo del debate sobre las obligaciones de las empresas frente a las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de sus actividades ha venido en aumento. Por ello, es necesario estudiar una de las herramientas internacionales más significativas que ha surgido con el fin de responder a las exigencias de la globalización en la materia: los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (en adelante “los Principios” o “Principios Ruggie”).

 

Ante el fracaso de la primera iniciativa impulsada por las Naciones Unidas para atender la tensión entre las empresas y los derechos humanos –las denominadas Normas sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales–, en 2005 se estableció un mandato para un “Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas” (en adelante “Representante Especial” o “el representante”) con el fin de dar inicio a un nuevo proceso.

 

Dicho mandato, a cargo del reconocido académico John Ruggie, se desempeñó en tres fases. La Primera Fase se llevó a cabo entre los años 2005 y 2007 con el objetivo de realizar el estado del arte de la materia. Para ello, se realizó un extenso programa de investigación sistemática que resultó en miles de páginas de documentación en su portal web[1] respecto a una amplia gama de temas relacionados con la materia de su mandato. Esta labor recibió una amplia difusión y permitió la consolidación de una base objetiva para el discurso actual sobre la cuestión de las empresas y los derechos humanos (ONU, 2011)[2].

 

En la Segunda Fase, realizada de 2007 a 2008, se solicitó al representante que, con base en las investigaciones realizadas en la fase primera, formulara una serie de recomendaciones para atender a los conflictos actuales en la materia. Sin embargo, éste presento una única recomendación: que el Consejo de Derechos Humanos apoyara el Marco para “proteger, respetar y remediar” que había elaborado al cabo de tres años de estudios y consultas.

 

El Marco está basado en tres principios fundamentales: i) la obligación del Estado de ofrecer protección frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas, mediante medidas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia; ii) la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, lo que significa actuar con la debida diligencia para no vulnerar los derechos de terceros, y reparar las consecuencias negativas de sus actividades, y iii) la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de reparación efectivas, tanto judiciales como extrajudiciales. (ONU, 2011) El propio Representante Especial (ONU, 2011) señaló que:

 

“cada uno de estos principios constituye un elemento esencial de un sistema interrelacionado y dinámico de medidas de prevención y de reparación: el deber del Estado de brindar protección, ya que constituye la base misma del régimen internacional de derechos humanos; la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, por tratarse de la expectativa social más elemental en relación con las empresas; y el acceso a vías de reparación porque ni siquiera los esfuerzos mejor coordinados pueden impedir totalmente que se cometan abusos.”

 

El Consejo respaldó la recomendación y el Marco ha sido utilizado por gobiernos, empresas, sociedad civil, trabajadores, instituciones nacionales de derechos humanos e inversores. Ante el éxito del Marco, surgió la necesidad de llevar a cabo una Tercera Fase que inició en 2008 con la solicitud del Consejo de Derechos Humanos para que el Representante Especial pusiera en práctica el Marco y presentara, en forma de “Principios Rectores”, recomendaciones concretas y prácticas para su implementación.

 

Así, los Principios Ruggie se basan en extensas conversaciones con todos los grupos interesados –gobiernos, empresas, particulares, comunidades afectadas por actividades empresariales, sociedad civil y expertos en variados campos jurídicos y políticos–. Asimismo, algunos de los principios han sido puestos a prueba por lo que no solo aspiran a ofrecer orientación práctica sino también una orientación basada en experiencias reales. Aunado a ello, el propio texto de los Principios ha sido objeto de extensas consultas mediante: i) sesiones separadas con los grupos interesados, ii) presentación ante el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, iii) publicación en línea para recabar comentarios del público, iv) remisión a todos los Estados Miembros para observaciones, v) comunicaciones recibidas directamente por el Representante Especial y vi) debate en reunión multilateral de expertos y en reunión con delegaciones del Consejo de Derechos Humanos. (ONU, 2013)

 

En palabras del Representante Especial, John Ruggie (ONU, 2013),

 

“la aportación normativa de los Principios Rectores no radica en la creación de nuevas obligaciones de derecho internacional, sino en precisar las implicaciones de las normas y métodos actuales para los Estados y las empresas; en integrarlas en un modelo único lógicamente coherente e inclusivo; y en reconocer los puntos débiles del actual sistema y las mejoras posibles.”

 

El 16 de junio de 2011, en su Resolución 17/4, el Consejo de Derechos Humanos hizo suyos los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos conocidos como “Principios Ruggie” en honor a su autor. Desde entonces, todos los grupos interesados han debatido en torno a la mejor manera de implementarlos.

 

En este contexto, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas destacó los beneficios que tendría la elaboración de Planes Nacionales de Acción (PNA), por parte de los Estados, para fomentar la adopción de los Principios Ruggie; en especial, considerando las falencias en las legislaciones nacionales, los obstáculos de carácter jurídico y práctico a las vías de resarcimiento, y la falta de gobernanza que posibilita que los perjudicados no cuenten con recursos efectivos (ONU, 2014)[3]. Así, en junio de 2014, aprobó una Resolución exhortando  a los Estados miembros a formular Planes Nacionales de Acción (PNA) para implementar los Principios Rectores.

 

De los profusos beneficios que conseguiría la participación de gobiernos en una estrategia estructurada y común a todas las entidades gubernamentales, orientada a resolver los problemas derivados de las actividades empresariales y los derechos humanos que implica esta incitativa, Mehra (2015)[4] reconoce tres como los más promisorios en lo que respecta al reforzamiento de la protección a los derechos humanos: i) Superar las diferencias de poder y acceso que, a menudo, impiden que quienes se ven afectados negativamente por la actividad empresarial puedan exigir un lugar en la mesa de decisiones; ii) Crear un diálogo en todos los ámbitos del gobierno que podría dar impulso a nuevas ideas en sectores gubernamentales que consideran la cuestión de las empresas y los derechos humanos como poco relevante o insignificante, y iii) Crear una agenda progresista de promoción y defensa de los derechos humanos.

 

En todo caso, tal como señaló el profesor John Ruggie, mentor de los Principios Rectores, la adhesión a los éstos por el Consejo de Derechos Humanos no representó el fin, sino apenas el “fin del comienzo”. De ser así, los PNA deberían considerarse como una herramienta para avanzar más allá de ese comienzo. (ONU, 2011)

 

Sin embargo, ante la falta de compromiso por parte de los distintos actores y la creciente necesidad de responder a las diversas violaciones a derechos humanos derivadas de las actividades empresariales, sobre todo aquellas relacionadas con la industria extractiva; en junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió elaborar un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a derechos humanos (López, 2015)[5].

 

Así, mediante Resolución A/HRC/26/9, el Consejo de Derechos Humanos estableció:

 

“[…] un Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos (en adelante “Grupo de Trabajo”), cuya misión será elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos” (ONU, 2014)[6].

 

El primer periodo de sesiones del Grupo de Trabajo tuvo lugar del 6 al 10 de julio de 2015 en el Palacio de las Naciones en Ginebra y tuvo el objetivo fue discutir los temas que deberían ser abordados por un potencial instrumento vinculante sobre empresas y derechos humanos. Si bien, hubo un consenso general respecto a la necesidad de que los Principios Ruggie se mantuvieran como un referente jurídico importante, la discusión fue polémica en relación con el alcance que debe tener el posible tratado (Valencia, K, 2015)[7].

 

De esta manera, por primera vez, se dio inicio a un proceso intergubernamental en el ámbito de las Naciones Unidas que preparé el terreno para la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante que finalmente responda a la imperante necesidad de regular las obligaciones de las empresas para responder a las violaciones a derechos humanos cometidas en el ámbito de sus actividades, así como el deber de los Estados de monitorear el efectivo cumplimiento de las mismas.

 

[1] Véase: Business and Human Rights Resource Center, UN Secretary-General’s Special Representative on business & human rights [en línea]. Disponible en: <http://business-humanrights.org/en/un-secretary-generals-special-representative-on-business-human-rights> (Visitada 18 de diciembre 2015).

[2] Véase: ONU, 2011, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21 de marzo de 2011.

[3] Véase: ONU, 2014, Consejo de Derechos Humanos. Resolución 26/22 sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. A/HRC/26/L.1., 27 de junio de 2014.

[4] Véase: Mehra, A., 2015. Más allá del comienzo: el movimiento por los Planes Nacionales de Acción en materia de empresas y derechos humanos. Aporte DPLF, Revista de la Fundación para el Debido Proceso, Derechos Humanos y Empresas, 20 (8), pp. 7-8.

 

[5]  Véase: López, C., 2015. Empresas y derechos humanos: hacia el desarrollo de un marco jurídico internacional. Aporte DPLF, Revista de la Fundación para el Debido Proceso, Derechos Humanos y Empresas, 20 (8), pp. 4-6.

[6] ONU. Asamblea General. Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Resolución 26/9. A/HRC/RES/26/9, 14 de julio de 2014

[7] Véase: Valencia, K., 2015, DPLF participa de la primera sesión del IGWG sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Aporte DPLF, Revista de la Fundación para el Debido Proceso, Derechos Humanos y Empresas, 20 (8), pp. 12.

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