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PALABRAS DE SEÑOR MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA, PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN) Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (CJF), EN OCASIÓN DEL CCLI ANIVERSARIO DEL ILUSTRE Y NACIONAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXICO.

MÉXICO, D.F., A 21 DE JUNIO DE 2011.

Muy buenas tardes a todos ustedes,

Señor Doctor Don Oscar Cruz Barney, Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados,

Distinguidos miembros del presídium,

Distinguidos miembros del Colegio,

Señoras y señores:

En los lustros que antecedieron y sucedieron a 1760 tuvieron lugar en el mundo acontecimientos interesantes, dignos de traerlos a colación en esta ocasión, entre muchos otros, en Norte América, por ejemplo, la armada británica derrotaba a la resistencia francesa; la Guerra de los Siete Años llegaría a su fin y las ambiciones territoriales de los imperios colonialistas cristalizarían en el Tratado de París.

En Francia, la edición de 28 volúmenes de la Enciclopedia es concluida. Murieron Händel y Scarlatti, pero nacieron Cherubini y Mozart.

En la Nueva España, cuatro virreyes hubo entre 1755 y 1766, dos de ellos designados por Fernando VI (Juan Francisco de Güemes y Horcasitas y Agustín de Ahumada), y dos por Carlos III (Francisco Cagigal de la Vega y Joaquín Juan de Monserrat).

Fue en 1760 cuando el artista Carlos López de Troncoso elaboró uno de los planos más detallados de la Ciudad de México, que ahora se encuentra en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, y fue también en 1760, precisamente, en un día como hoy, cuando cristalizó el esfuerzo de un grupo de abogados de la Ciudad de México que desde mayo de 1758 se habían reunido para deliberar en torno a la organización de un cuerpo profesional.

Con la anuencia del Virrey se reunieron para redactar los estatutos del Ilustre y Real Colegio de Abogados, con las mismas gracias y privilegios que tenía el Colegio de Abogados de Madrid. Desde entonces, y con diversas adaptaciones en sus estatutos, el Colegio trabaja con sus agremiados, casi ininterrumpidamente.

Pocas instituciones hay en la república como este Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, que no solamente ha tenido una trayectoria ilustre en la historia nacional, al haber nacido antes de que naciera el Estado Mexicano. Su perseverancia y sus logros para el fomento de la conciencia gremial y el ejercicio profesional, así como para el estudio y propagación de la ciencia del Derecho, también le dan a esta institución un carácter benemérito.

El artículo 44 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5Ř Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal dispone que todos los profesionales de una misma rama podrán constituir en el Distrito Federal uno o varios colegios, sin que excedan de cinco por cada rama profesional.

Entre los propósitos que la ley reglamentaria confiere a los Colegios de Profesionistas destaca la vigilancia del ejercicio profesional con objeto de que éste se realice dentro del más alto plano legal y moral; promover la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas, relativas al ejercicio profesional; auxiliar a la Administración Pública con capacidad para promover lo conducente a la moralización de la misma, y prestar la más amplia colaboración al Poder Público como cuerpos consultores, así como colaborar en la elaboración de los planes de estudios profesionales.

De lo anterior se colige que los Colegios agrupan a profesionistas que han ejercido su derecho a la educación y alcanzado sus más altos niveles, y si como el Estado tiene muchas responsabilidades respecto a la sociedad, también es cierto, como apotegma ético, jurídico y social, que a cada derecho va aparejada una responsabilidad.

Si bien hemos sostenido que, para efectos de amparo, los Colegios de Profesionistas no cumplen funciones sociales y de interés público, toda vez que en nuestro país la colegiación es potestativa, el compromiso social de los profesionistas estriba, empero, en pugnar porque en la sociedad se canalice el capital humano en beneficio de toda la sociedad.

De esta manera que, cada persona que tenga una capacidad profesional pueda aplicarla en beneficio propio, desde luego, pero también y sobre todo para el beneficio colectivo, en especial de quienes menos tienen.

El compromiso ético de los Colegios de Profesionistas queda ya plasmado en el llamado que hace la ley correspondiente a llevar a cabo el ejercicio profesional dentro del más alto plano legal y moral, así como auxiliar a la Administración Pública para promover la moralización de la misma.

En su soberana vida interna, los Colegios también se dotan a sí mismos de una sólida infraestructura moral, destacando, desde luego, los códigos de ética.

El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, se reconoce a sí mismo en sus estatutos como una institución científica que procura, entre otras actividades, proporcionar cursos de actualización y especialización a abogados así como la promoción, entre sus miembros del estudio sistemático del Derecho en forma académica.

Esto es de suma importancia traerlo a colación, en especial con la reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que , junto con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, representa un cambio sin precedentes para el sistema jurídico mexicano en general y, en particular, para el sistema jurisdiccional Federal.

La reforma al juicio de amparo mexicano es la más importante en su historia, e implica, un cambio de paradigma, acorde con las necesidades de una sociedad plural.

Las leyes, si bien son rígidas, no pueden ser pétreas, y en el marco de un Estado Democrático de Derecho, deben permitir la apertura hacia adelante, hacia el futuro, catalizando las experiencias y abriendo espacios para el desarrollo de la cultura jurídica en nuestro país.

La labor de los Colegios y Asociaciones de Abogados será fundamental. Sin duda, serán punta de lanza en la realización del cambio cultural que se requiere para concretar los nuevos textos constitucionales.

La reforma al juicio de amparo es la prueba tangible de cómo las instituciones jurídicas se ajustan a la realidad.

Al cumplimiento de las nuevas responsabilidades que recaerán en el Poder Judicial de la Federación nosotros, los jueces, ratificamos nuestro más ferviente compromiso.

Del mismo modo, hago hoy un respetuoso llamado a los diversos gremios de profesionistas del derecho para que, este Ilustre Colegio de Abogados, trabajemos conjuntamente y logremos que el amparo responda a las exigencias y necesidades de la sociedad.

Por su parte, la reforma a la Constitución de la República en materia de derechos humanos, también recientemente publicada, apuntala el diseño del régimen constitucional mexicano, como aquél que permite una vida social que privilegia la protección de los derechos humanos.

Nada, como lo hemos dicho, está y ni podrá estar por encima de la protección de los derechos humanos.

Y para hacer frente a este desafío histórico, resultará invaluable la labor de este Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, al que en su 251 aniversario, felicitamos calurosamente, y en especial a su Presidente, a todos sus miembros a quienes expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento.

Muchas gracias.

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