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Discurso pronunciado por el Licenciado
Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez
ante el Senado de la República
en el marco de las Audiencias Públicas
sobre “Fomento a la calidad de los servicios
de los Profesionales del Derecho”
México, Distrito Federal, 10 de septiembre de 2015.


Muy buenos días,

Saludo con mucho respeto a losSenadores de la Repúblicay por supuesto, a los distinguidos colegas que intervinieron e intervendrán, en este ejercicio democrático ante esta Soberanía.

Señoras y Señores,

El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, es el más antiguo del Continente Americano. Fue fundado el 21 de junio de 1760, y desde entonces, -hace ya más de 255 años- siempre ha velado por la independencia y libertad en el ejercicio de la abogacía.

El Colegio de Abogados que me honro en presidir y que posibilitó  hace mas de 100 años la creación de la Escuela Libre de Derecho, ha sido protagonista de los momentos más importantes de nuestra historia, estableciendo por vez primera la Colegiación Obligatoria en México y siendo el únicoque la ha implementado.  Puedo asegurarles, sin temor a equivocarme, que estas jornadas y la restitución de la Colegiación obligatoria en nuestro país, escribirán un nuevo y fundamental capítulo para la abogacía y la vigencia del estado de Derecho en México.

Estas audiencias sobre el fomento a la calidad de los servicios de los profesionales del derecho, bien podrían titularse también:

“AudienciasSobre el privilegio de los ciudadanos a contar con una adecuada asesoría y defensa legal, para un efectivo acceso a la justicia”.

Y digo esto convencido, de que la calidad de los servicios de los profesionales del derecho, en realidad tiene como principal destinatario a los ciudadanos usuarios del servicio legal y por ende, a la sociedad en su conjunto.

El reclamo ciudadano para contar con mejores servicios legales no puede ser ignorado más. Nuestra sociedad exige abogados, ética y técnicamente regulados y la legislación vigente, es un traje que ha quedado francamente pequeño.

La Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública, (por citar solamente el ejemplo a nivel federal) tiene una labor muy limitada,  ya que su ámbito de actuación, termina donde realmente todo empieza.

Y me permito explicar esta afirmación: Cuando un Licenciado en Derecho obtiene su título y mediante un simple trámite administrativo accede a una Cédula Profesional, queda habilitado para asesorar y representar a cualquier persona,en cualquier materia (es decir, en asuntos civiles, mercantiles, familiares, administrativos o penales y por que no, ante las últimas reformas, en asuntos en materia de Derecho Energético, y todosin límite de tiempo, ya que la autorización es definitiva. De esta forma, la Cédula Profesional no limita la actuación de ninguna especialidad, pero tampoco tiene caducidad.

Esta situación es inadmisible, ya que la sociedad es dinámica y el derecho también. Las reformas legales y la jurisprudencia son un claro ejemplo de ello. La nueva Ley de Amparo, tiene poco más de dos años de haber entrado en vigor y el totalmente nuevo sistema penal acusatorio deberá aplicarse en todo el país, en el mes de junio del próximo año.

Respecto de los MÁS DE 300,000 abogados, que según datos del INEGI ejercemos en el país, la pregunta es: ¿todos aquellos a quienes se nos ha entregado esa licencia o autorización permanente, estamos debidamente calificados para enfrentar estos nuevos retos?

Desde nuestro colegio, estamos seguros que no es así desafortundamente.

Pero más allá de ese control técnico al que ya me he referido, el cual es urgente y fundamental, estamos frente a un nulo control ético del abogado. No existe en nuestro país, ningún archivo que contenga los expedientes de todos los abogados en ejercicio profesional, donde se pueda conocer si existen denuncias en contra de algún profesional del Derecho por faltas a la ética, empezando, porque ni siquiera existen Códigos de Ética a los cuales estemos sujetos en forma obligatoria todos los profesionales del derecho en este país.

Es aquí, donde la Colegiación Obligatoria cobra una relevancia fundamental, ya que solo así, el control ético -que establezca normas claras para el secreto profesional, evitar el conflicto de intereses o que se utilice información falsa o que induzca al error- podrá ser efectivo. 

Tres temas que considero fundamentales y que deberemos abrir al debate, son las cuotas, los premios y sanciones, así como el número de colegios y requisitos para su constitución y permanencia.

Sobre las cuotas, debemos decirlo con toda claridad. En efecto, los colegiados deberemos cubrirlas (como ocurre en todos los países donde existe colegiación obligatoria) Sin embargo, estas se reducirán en forma sustancial cuando se amplíe el número de colegiados y en la posible Ley secundaria, o Ley General de Abogacía Mexicana, se deberán establecer los mecanismos que determinen que dichas cuotas, serán aquella que sean suficientes para sufragar los gastos necesarios de los Colegios.

Incluso, los órganos de gobierno de los Colegios, empezando por el Presidente, no deberán recibir pago alguno por su gestión, siendo un cargo honorífico, como es el caso de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y por supuesto, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, instituciones en las cuales los presidentes no cobramos por nuestra gestión.

Por citar un ejemplo a este respecto, en la Ciudad de la Plata en Argentina, el pago por concepto de cuotas es de alrededor $1,600 pesos mexicanos al año. Esto sería algo así como $133 pesos mensuales, pero si algún colegiado no contara con los recursos suficientes para cubrir sus cuotas, sin lugar a dudas deberán establecerse mecanismos de financiamiento o subsidio e incluso de compensación de cuotas por trabajo pro bono. Pero más aún, este pago de cuotas, deberá dimensionarse como un beneficio, ya que permitirá al profesionista respaldar sus actividades, toda vez que los Colegios, permiten el intercambio de experiencias y conocimientos entre sus miembros, así como un acceso mucho más amplio y dinámico a conocimientos prácticos.

Por supuesto, deberá contemplarse también la aplicación de los premios y sanciones previstas en sus propios estatutos. El sistema de premios podrá ser un incentivo para los abogados socialmente responsables y las sanciones, se deberán determinar por violación a las normas de ética profesional

las sanciones disciplinarias impuestas por los colegios se deberán hacer constar en el expediente personal del colegiado.

El procedimiento disciplinario deberá en todo momento respetar los principios de debido proceso y derecho de defensa de las partes involucradas las resoluciones, podrán abarcar desde una Amonestación privada, hasta una recomendación a la autoridad para la inhabilitación del ejercicio de la Abogacía por un plazo determinado.

Lógicamente, para evitar abusos en la imposición de sanciones, deberá contemplarse el control de la autoridad jurisdiccional, con medios de impugnación claramente establecidos, todo lo cual se deberá establecer en su caso en la posible ley secundaria.

En cuanto al número y estructura interna de los Colegios, quiero hacer énfasis en que a lo largo de estas audiencias, siempre se ha hecho referencia  a “Los Colegios” ya que el proyecto debe ser incluyente, democrático y plural. Por lo tanto, deberán permitirse cuantos colegios sean necesarios a lo largo y ancho de la república, para alcanzar estos fines, siempre y cuándo cumplan con los requisitos mínimos, entre los cuáles podemos sugerir:

-Que estén legalmente constituida como una asociación civil,

- Que las asociaciones existentes acrediten haber desarrollado tareas en beneficio de la Abogacía, mismas que deberán incluir, entre otras, publicaciones científico-profesionales, seminarios, cursos, conferencias y demás actividades equiparables,

- Contar con un Código de Ética Profesional y los mecanismos para la aplicación del mismo.

-Establecer el número mínimo efectivo de abogados, para su constitución.

- En el régimen de Colegiación Obligatoria, los Colegios deberán ser asociaciones sin fines de lucro,  sujetas a auditorías y evaluaciones por parte de la autoridad.

- Deberán contar con una Asamblea General de Asociados que será órgano supremo del colegio, juntas directivas o de gobierno, en las cuáles, la elección de sus miembros deberá ser mediante mecanismos democráticos.

Señoras y Señores Senadores,Colegas,

Los Colegios deAbogados actualmente constituidos y registrados ante las autoridades educativas, estamos conscientes, que esta propuesta también requiere de un profundo cambio al interior de nuestras organizaciones, de una continua apertura, pluralidad y de mayor democratización de las estructuras, sin filiaciones políticas ni religiosas.

La Colegiación es pues, una medida decisiva para el acceso a la justicia y por lo tanto para el Estado de Derecho.

Muchas gracias por su atención.











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